Esta guía constituye una herramienta pedagógica y técnica diseñada para orientar a los operadores de justicia en la aplicación efectiva de las figuras jurídicas relacionadas con la privación de beneficios económicos derivados del delito. Su propósito es fortalecer la estrategia del Estado en la persecución patrimonial, complementando la sanción penal tradicional con mecanismos que impidan el disfrute de la riqueza ilícita.
En términos generales, el documento se centra en la recuperación de activos a través de la figura del comiso penal (y sus variantes), entendido como la consecuencia jurídica mediante la cual se priva a una persona de la titularidad de bienes provenientes o utilizados en actividades delictivas. Con esto, se busca que las instituciones adopten una política criminal donde «el delito no pague», desarticulando el músculo financiero de las organizaciones criminales y garantizando tanto la reparación a las víctimas como el retorno de recursos a la sociedad.
A lo largo del documento, se abordan los estándares internacionales y el marco normativo nacional que sustentan la afectación de bienes, analizando conceptos clave como el producto directo e indirecto del delito y los instrumentos utilizados para su comisión. Se examinan detalladamente las distintas modalidades de comiso —incluyendo el comiso directo, el comiso de valor equivalente (cuando no es posible recuperar el bien original) y el comiso a terceros—, diferenciándolos de otras figuras como la extinción de dominio.
Posteriormente, se sugiere un itinerario procesal que subraya la importancia crítica de las medidas cautelares (como la incautación, retención y prohibición de enajenar) para asegurar los bienes desde el inicio de la investigación. Finalmente, se exponen los mecanismos de cooperación judicial internacional indispensables para el rastreo, inmovilización y repatriación de activos que han sido trasladados a jurisdicciones extranjeras, estableciendo así una ruta integral para la recuperación efectiva de activos.
