Nombre del autor:Juan David Martínez

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La creciente victimización de niños, niñas y adolescentes: Análisis estadístico anual de homicidios intencionales en Ecuador 2025

Ecuador cerró el 2025 con una tasa de homicidios de 50,1 por cada 100.000 habitantes, la más alta en su historia reciente. La violencia se ha incrementado a la par de la consolidación criminal en el país. De acuerdo con la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado (GITOC), Ecuador se ubica en la cuarta posición en todo el mundo en el índice global de crimen organizado, con una calificación de 7,48 sobre 10 debido a su alto nivel de criminalidad y baja resiliencia institucional.   La última entrega del Informe de Caracterización del Crimen Organizado evidenció que el ascenso criminal es el resultado de la consolidación de al menos siete mercados criminales operantes en el país, con sus nodos logísticos y operativos distribuidos estratégicamente en el territorio nacional. De ahí que los elevados niveles de violencia a nivel subnacional no sean una casualidad, sino un indicador más de la configuración de estos mercados.  Tráfico de armas  El tráfico de armas guarda una estrecha relación con la violencia letal. La compra, venta, movimiento y contrabando de armas y municiones constituye un mercado criminal en sí mismo con alta incidencia en el control de otros mercados y la resolución de disputas entre grupos criminales. Pese a que se registra un incremento sostenido en la incautación, aprehensión y decomiso de armas desde 2020, los homicidios intencionales cometidos con armas de fuego para 2025 constituyen el 88% del total anual (8.108 homicidios), 3 puntos porcentuales más que en 2024 donde se registraron 7.119 casos.   El flujo del acero, como se evidencia en el Informe de Caracterización 2025, proviene desde fuentes lícitas con el desvío de importaciones que corresponden al comercio intencional, así como de fuentes ilícitas por rutas marítimas, fluviales y terrestres por puntos de entradas ilegales hacia centros de almacenamiento clandestinos. Ambas dinámicas alimentan a la criminalidad, respecto a lo cual se observa un creciente uso de armas de calibre militar y la masificación del empleo de armas cortas cuya tecnología permite su uso sin necesidad de capacitación o conocimientos técnicos específicos. Esto facilita su utilización por parte de niños, niñas y adolescentes (NNA), que son reclutados y cada vez más por grupos criminales. Esto, a su vez, pone el foco sobre el reclutamiento como una modalidad de la trata de personas, teniendo en cuenta que más del 50% de NNA en 9 de las principales ciudades costeras del país conoce sobre la presencia de grupos criminales en sus barrios.   Narcotráfico  El análisis de la cadena de valor del narcotráfico da cuenta de la división territorial estratégica a la que obedece este mercado ilícito. El informe evidencia una organización criminal arraigada al control territorial que va desde el cultivo en el norte del país, la producción y almacenamiento en sitios estratégicos en la costa ecuatoriana, la logística y distribución para tráfico internacional en los puertos y el control territorial a través del microtráfico en todo el país6. De tal forma que la pugna por el control de estas zonas se convierte en un punto de origen de la violencia.   Del análisis estadístico de homicidios se pudo determinar que 9 de cada 10 casos guardan relación con la violencia criminal. Además, en el 24% de los casos se observó una relación con el tráfico internacional de drogas o microtráfico; de este grupo, se evidencia una concentración del 88% de casos en la costa ecuatoriana, particularmente en las provincias de El Oro, Guayas y Manabí, cuyo territorio alberga los principales puertos marítimos y pesqueros del país, sitios estratégicos para el transporte de drogas hacia mercados internacionales.   Guayas concentra el mayor porcentaje de homicidios a nivel nacional (44,5%), seguida de Los Ríos, Manabí y El Oro. Estas provincias, a su vez, registran las tasas de homicidios por cada 100.000 habitantes más elevadas del país, donde Los Ríos encabeza la lista con una tasa de 130,4, seguida de El Oro con una tasa de 105, Guayas con 85,7 y Manabí con 74,11.   Minería ilegal  Pese a que las provincias costaneras albergan los niveles más altos de violencia, en los últimos 2 años han sido las provincias amazónicas las que han registrado los niveles de crecimiento en violencia más altos a nivel nacional. El potencial en recursos naturales en esta región ha abierto la puerta a la consolidación de mercados criminales lucrativos asociados a la extracción de recursos, particularmente la minería ilegal de oro.   El informe de caracterización señala la existencia de enclaves logísticos de extracción, refinamiento, logística y distribución de este mineral repartidos en las provincias de Orellana, Napo, Zamora, Azuay y El Oro7. La provincia de Orellana, por ejemplo, ocupa el quinto lugar entre las provincias más violentas del país con una tasa de homicidios de 64,8 por cada 100.000 habitantes. Con altos registros de violencia aparecen también Sucumbíos con una tasa de 53,4, Cañar con una tasa de 40,4 y Zamora con 20,2, todas sobre la media regional.   Estas cifras dan cuenta de su posible relevancia para la operación de este mercado ilícito, que, de acuerdo con la evidencia, es ahora el segundo de mayor importancia en el escenario criminal debido a su rentabilidad, baja trazabilidad y alto potencial de blanqueo de capitales. De este modo, llaman la atención las altas cifras de violencia al desagregar a nivel cantonal, con concentraciones en la Amazonía en cantones como Paquisha en Zamora Chinchipe, que para 2025 alcanzó una tasa de homicidios de 113,9; Shushufindi, en Sucumbíos, con una tasa de 104,27; y Francisco de Orellana, con una tasa de 96,42 por cada 100.000 habitantes.   Nodos estratégicos  La desagregación de las cadenas de valor da cuenta de la relevancia estratégica de cada territorio en los encadenamientos criminales. De este modo, los elevados registros de violencia en cantones como Puebloviejo (tasa de 360 homicidios por cada 100.000 habitantes), Las Naves (285,8), Quinsaloma (266,4), Urdaneta (228) y Buena Fe (228,4), no resultan aislados, sino que permiten observar la magnitud del fenómeno y la funcionalidad de cada uno. Estas cifras evidencian la relevancia de las provincias de Los Ríos y Bolívar
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Guía de técnicas especiales de investigación

Esta guía constituye una herramienta doctrinaria y operativa diseñada para dotar a los fiscales y agentes investigadores de los conocimientos necesarios para la aplicación de mecanismos avanzados de indagación en la lucha contra la delincuencia organizada. Su propósito es facilitar el uso de procedimientos que van más allá de la investigación tradicional, permitiendo penetrar en estructuras criminales complejas que, por su hermetismo y sofisticación, son inmunes a los métodos convencionales. En términos generales, el documento se centra en las Técnicas Especiales de Investigación (TEI), entendidas como herramientas legales y tácticas que permiten obtener información e inteligencia sobre el funcionamiento, jerarquía y financiamiento de grupos delictivos, sin alertar a sus miembros. Con esto, se busca que las instituciones superen la "investigación reactiva" (basada en la flagrancia o el delito ya consumado) y adopten una investigación proactiva, capaz de anticiparse y desarticular la totalidad de la organización, no solo detener a sus ejecutores materiales. A lo largo del documento, se abordan las figuras jurídicas reguladas en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), detallando sus requisitos, alcances y límites constitucionales. Se analizan profundamente técnicas como las Operaciones Encubiertas (infiltración de agentes), las Entregas Vigiladas o Controladas (permitir el tránsito de remesas ilícitas para identificar a los líderes y rutas), la Interceptación de Comunicaciones y la Cooperación Eficaz (beneficios a procesados a cambio de información veraz). La guía enfatiza el equilibrio necesario entre la eficacia investigativa y el respeto a los derechos fundamentales para evitar la nulidad procesal. Posteriormente, se sugiere un protocolo de actuación que detalla las fases de planificación, autorización judicial, ejecución y control. El manual plantea la importancia de proteger la identidad de los agentes encubiertos y colaboradores, así como la cadena de custodia de la evidencia obtenida bajo estas modalidades. Finalmente, instruye sobre cómo transformar la información de inteligencia obtenida mediante estas técnicas en prueba penal válida, apta para sustentar una acusación sólida en la etapa de juicio. Descarga aquí el informe completo
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Guía interpretativa del alcance del delito de lavado de activos en Ecuador

Esta guía constituye una herramienta jurídica y doctrinal diseñada para orientar a los operadores de justicia en la correcta aplicación del tipo penal descrito en el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Su propósito es unificar criterios interpretativos para evitar la impunidad, aclarando que el lavado de activos es un fenómeno complejo que trasciende el mero encubrimiento y que atenta directamente contra el orden socioeconómico del país. En términos generales, el documento define el lavado de activos como el proceso mediante el cual se busca dar apariencia de legalidad a bienes o dineros provenientes de actividades ilícitas (como narcotráfico, corrupción o trata de personas), con el fin de integrarlos al sistema económico formal. Con esto, se busca que las instituciones comprendan el ciclo delictivo completo, que abarca desde la colocación inicial de los fondos, pasando por la estratificación (movimientos para borrar el rastro), hasta la integración final de los activos en la economía lícita. A lo largo del documento, se aborda uno de los aspectos más críticos para la persecución penal: la autonomía del delito. La guía enfatiza que para procesar y condenar por lavado de activos no se requiere una sentencia condenatoria previa por el delito precedente (el origen ilícito), sino que basta con establecer la procedencia criminal de los activos a través de los elementos de convicción. Se analizan detalladamente los elementos constitutivos del tipo penal, desglosando los verbos rectores (tener, adquirir, transferir, disimular, etc.) y el elemento subjetivo (el dolo y el conocimiento del origen ilícito). Posteriormente, se sugiere un estándar probatorio adaptado a la naturaleza clandestina de este delito, validando el uso de la prueba indiciaria para demostrar el origen ilícito cuando no existe prueba directa. El manual plantea la importancia de la carga dinámica de la prueba, argumentando que, si bien la Fiscalía debe probar el ilícito, corresponde al procesado justificar el origen lícito de su incremento patrimonial o de los bienes que posee, ya que es quien está en mejor posición para hacerlo. Descarga aquí el informe completo
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Guía técnica sobre análisis forense y evidencia digital

Esta guía constituye una herramienta técnica y metodológica diseñada para estandarizar el trabajo de los operadores de justicia y peritos informáticos en el tratamiento de los indicios tecnológicos. Su propósito es establecer lineamientos claros para la identificación, recolección y análisis de datos informáticos, asegurando que estos se conviertan en prueba válida y admisible dentro del proceso penal. En términos generales, el documento se centra en la Informática Forense y la Evidencia Digital, definida esta última como cualquier información con valor probatorio que se encuentra almacenada o es transmitida en formato digital. Con esto, se busca que las instituciones comprendan la naturaleza única de esta evidencia —que es intangible, latente, volátil y frágil— y apliquen procedimientos científicos para garantizar que la información recuperada de dispositivos electrónicos sea auténtica e inalterada. A lo largo del documento, se abordan los principios fundamentales que rigen la prueba digital, tales como la autenticidad, integridad, confiabilidad y legalidad. Se hace especial énfasis en la Cadena de Custodia aplicada al entorno digital, explicando la necesidad de utilizar algoritmos matemáticos (como la función Hash) para asegurar que los datos extraídos no sufran modificación alguna desde su incautación hasta su presentación en juicio. Posteriormente, se sugiere un método especializado que detalla las fases del análisis forense: Identificación, Preservación, Adquisición/Recolección, Análisis y Presentación. El manual plantea protocolos específicos para las diligencias de allanamiento e incautación, instruyendo sobre cómo manejar dispositivos encendidos o apagados, el uso de jaulas de Faraday para evitar el borrado remoto y la clonación de discos, culminando con la estructura del informe pericial para que los hallazgos técnicos sean comprensibles para el juzgador. Descarga aquí el informe completo
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Alcance, análisis y validación de la prueba indiciaria

Esta guía constituye una herramienta técnica y doctrinal diseñada para dotar a los operadores de justicia de los fundamentos necesarios para el uso eficaz de la prueba indiciaria en el proceso penal ecuatoriano. Su propósito es validar este tipo de prueba como un mecanismo idóneo y constitucional para alcanzar la verdad procesal, superando la noción errónea de que se trata de una evidencia de categoría inferior frente a la prueba directa. En términos generales, el documento profundiza en la prueba indiciaria (o prueba circunstancial), entendida como un método lógico-racional que permite afirmar un hecho desconocido a partir de un hecho conocido y plenamente probado. Con esto, se busca que las instituciones combatan eficazmente la impunidad en delitos de criminalidad organizada y corrupción, los cuales, por su naturaleza clandestina y oculta, raramente dejan rastros directos o testigos presenciales. A lo largo del documento, se abordan los tres elementos estructurales que componen la prueba por indicios: el hecho indicador (o hecho base, que debe estar probado), la inferencia lógica (el razonamiento mental) y el hecho indicado (la conclusión o hecho consecuencia). Se analiza detalladamente cómo el nexo causal entre estos elementos debe sustentarse en las reglas de la sana crítica, es decir, en la lógica, la ciencia y las máximas de la experiencia, evitando caer en meras sospechas o especulaciones sin sustento fáctico. Posteriormente, se sugiere un método de valoración probatoria que enfatiza requisitos indispensables como la pluralidad, concordancia y convergencia de los indicios. El manual plantea que los indicios no deben analizarse de forma aislada, sino como un todo articulado que, al apuntar en una misma dirección, logra generar la certeza necesaria para desvirtuar la presunción de inocencia más allá de toda duda razonable. Descarga aquí el informe completo
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Cartilla técnica en recuperación de activos y comiso

Esta guía constituye una herramienta pedagógica y técnica diseñada para orientar a los operadores de justicia en la aplicación efectiva de las figuras jurídicas relacionadas con la privación de beneficios económicos derivados del delito. Su propósito es fortalecer la estrategia del Estado en la persecución patrimonial, complementando la sanción penal tradicional con mecanismos que impidan el disfrute de la riqueza ilícita. En términos generales, el documento se centra en la recuperación de activos a través de la figura del comiso penal (y sus variantes), entendido como la consecuencia jurídica mediante la cual se priva a una persona de la titularidad de bienes provenientes o utilizados en actividades delictivas. Con esto, se busca que las instituciones adopten una política criminal donde "el delito no pague", desarticulando el músculo financiero de las organizaciones criminales y garantizando tanto la reparación a las víctimas como el retorno de recursos a la sociedad. A lo largo del documento, se abordan los estándares internacionales y el marco normativo nacional que sustentan la afectación de bienes, analizando conceptos clave como el producto directo e indirecto del delito y los instrumentos utilizados para su comisión. Se examinan detalladamente las distintas modalidades de comiso —incluyendo el comiso directo, el comiso de valor equivalente (cuando no es posible recuperar el bien original) y el comiso a terceros—, diferenciándolos de otras figuras como la extinción de dominio. Posteriormente, se sugiere un itinerario procesal que subraya la importancia crítica de las medidas cautelares (como la incautación, retención y prohibición de enajenar) para asegurar los bienes desde el inicio de la investigación. Finalmente, se exponen los mecanismos de cooperación judicial internacional indispensables para el rastreo, inmovilización y repatriación de activos que han sido trasladados a jurisdicciones extranjeras, estableciendo así una ruta integral para la recuperación efectiva de activos. Descarga aquí el informe completo
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Análisis de contexto: Lineamientos metodológicos de apoyo para enfrentar fenómenos de Macrocriminalidad y Crimen Organizado

Esta guía constituye una herramienta metodológica práctica diseñada para fortalecer las capacidades de fiscales, analistas e investigadores en el abordaje de fenómenos delictivos complejos. Su propósito es facilitar la comprensión y aplicación del análisis de contexto como una técnica de investigación penal que permite superar la visión fragmentada del "caso a caso", orientando la estrategia hacia una perspectiva macroscópica de la criminalidad. En términos generales, el análisis de contexto se presenta como un método para estudiar el entorno (geográfico, político, económico, histórico y social) en el que se desarrollan las conductas punibles, con el fin de identificar patrones sistemáticos y el funcionamiento de estructuras delictivas. Con esto, se busca que las instituciones enfoquen sus esfuerzos en desarticular aparatos organizados de poder y fenómenos de macrocriminalidad, entendiendo al delito no como un hecho aislado, sino como el resultado de una organización criminal con capacidad de control y permanencia. A lo largo del documento, se abordan los fundamentos conceptuales que diferencian la delincuencia común del crimen organizado, definiendo elementos clave como la estructura jerárquica, el modus operandi y la división de funciones. Posteriormente, se sugiere un método especializado de investigación que plantea el ciclo de inteligencia —desde la planificación y recolección de información hasta el análisis y difusión— para construir hipótesis delictivas sólidas que permitan explicar las relaciones de causalidad y responsabilidad de los máximos responsables ante los tribunales. Descarga aquí el informe completo
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Manual Estratégico de Investigación Financiera y Patrimonial

Este manual constituye una herramienta metodológica práctica orientada a fortalecer las capacidades de los funcionarios del sistema de justicia penal ecuatoriano (fiscales, investigadores y peritos). Su propósito es facilitar el diseño e implementación de estrategias de investigación financiera que permitan no solo perseguir a los autores del delito, sino atacar directamente la estructura económica de las organizaciones criminales. En términos generales, la investigación financiera se define aquí como la indagación de asuntos pecuniarios, monetarios, fiscales, bursátiles y patrimoniales relacionados con conductas delictivas. Con esto, se busca que las instituciones transformen su "visión lineal" de la investigación criminal en una "visión periférica", capaz de identificar activos (dinero, inmuebles, vehículos, ganado, etc.) que constituyen el producto o instrumento del delito, incluso en investigaciones que no son per se de lavado de activos, como el narcotráfico, la corrupción o el tráfico de especies. A lo largo del documento, se abordan los componentes esenciales para rastrear el dinero y los bienes, diferenciando claramente los conceptos de situación financiera (liquidez y manejo de fondos), económica (rentabilidad y pérdidas/ganancias) y patrimonial (bienes y derechos). Asimismo, se analizan las diversas fuentes de información —formales, informales y abiertas (como redes sociales)— y se advierte sobre la importancia de la cooperación interinstitucional e internacional para detectar el modus operandi de redes transnacionales. Posteriormente, se sugiere un método especializado que integra técnicas de verificación verbal, ocular y documental, y destaca el rol articulador entre el agente investigador y el auditor forense. El manual plantea cómo recolectar evidencia financiera suficiente (desde recibos informales hasta análisis bancarios complejos) para construir dictámenes periciales sólidos que permitan a la autoridad judicial determinar el origen ilícito de los bienes y proceder con su comiso o incautación. Descarga aquí el informe completo
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Informe de Caracterización de Crimen Organizado en Ecuador 2025

El Informe de Caracterización del Crimen Organizado en Ecuador 2025, elaborado por la PADF y el OECO, analiza la evolución de los mercados ilícitos mediante un enfoque de "cadenas de valor" que evidencia su reciente profesionalización operativa. El estudio identifica al narcotráfico como la principal expresión criminal del país, seguido por el vertiginoso ascenso de la minería ilegal, la cual se ha consolidado como el segundo mercado más lucrativo con ganancias estimadas en 1.300 millones de dólares. Además, el informe destaca la institucionalización de la extorsión como mecanismo de control territorial y la diversificación del lavado de activos hacia plataformas tecnológicas y criptomonedas. Finalmente, advierte que el estancamiento económico y la precariedad laboral facilitan el reclutamiento de menores por grupos delictivos, recomendando políticas públicas integrales que fortalezcan la justicia y la seguridad transfronteriza. Descarga aquí el informe completo Nota de actualización (19 de marzo de 2026): Se ha corregido una omisión involuntaria de autoría en la página 38 del informe. Agradecemos a los lectores y autores por sus observaciones, las cuales contribuyen a la precisión académica de este documento.
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La cadena de valor del MDMA-Análisis desde la producción al consumo

El mercado de drogas sintéticas en Ecuador atraviesa una transformación silenciosa pero crítica. Este estudio analiza la cadena de valor del MDMA, revelando cómo el país está dejando de ser un mero punto de tránsito para convertirse en un escenario de procesamiento y distribución sofisticada, impulsado por innovaciones logísticas y riesgos botánicos latentes. El informe destaca hallazgos que redefinen la comprensión de este mercado ilícito: Riesgo de síntesis local: Se identifica una transición hacia la producción nacional. El país presenta un "riesgo botánico" significativo debido a la planta endémica "Congona", rica en Safrol (precursor clave), lo que abre la puerta a la síntesis completa de la droga en territorio ecuatoriano y reduce la dependencia de insumos importados. Logística "On-Demand" y ocultamiento: La distribución se ha modernizado bajo la lógica de la "economía gig". El microtráfico emplea plataformas digitales de delivery para minimizar riesgos y utiliza el "enmascaramiento farmacéutico" para camuflar pastillas en envases de medicinas lícitas, evadiendo controles fronterizos. Gobernanza informal del consumo: En zonas turísticas y de ocio, el consumo se normaliza bajo un "pacto social de indiferencia". Los usuarios practican ritos de autocuidado planificado, lo que desafía los enfoques tradicionales de control y exige políticas públicas centradas en la reducción de daños y la salud pública. Descarga aquí el informe completo
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