Ecuador enfrenta una crisis creciente en materia de delincuencia organizada, marcada por la fragmentación de grupos criminales tras el asesinato del líder de los Choneros, lo que ha intensificado la violencia carcelaria y el homicidio selectivo en el país. Organizaciones vinculadas al narcotráfico, extorsión y tráfico ilegal operan bajo modelos jerárquicos con control territorial, especialmente en provincias como Guayas, Manabí y Pichincha. La limitada capacidad del sistema de justicia para imponer sanciones efectivas, evidenciada en un alto porcentaje de sentencias abreviadas, penas mínimas y baja aplicación de mecanismos como el concurso de delitos y el comiso de bienes, ha contribuido a una percepción de impunidad. Esta situación se agrava ante la ausencia de casos en provincias fronterizas claves y la expansión de delitos ambientales en regiones amazónicas. El impacto en la gobernanza y seguridad nacional demuestra la necesidad de respuestas integrales y coordinadas que incluyan a instituciones judiciales, fuerzas del orden y actores sociales para enfrentar con eficacia el fenómeno del crimen organizado en Ecuador.
Este informe examina las dinámicas de la delincuencia organizada en Ecuador, enfocándose en fenómenos como la fragmentación criminal y su impacto en la violencia y la respuesta judicial entre 2020 y 2022. Se evidencia cómo grupos criminales, algunos con estructuras jerárquicas y control territorial, operan en actividades ilícitas como el narcotráfico, extorsión y delitos ambientales, incluyendo minería ilegal en regiones amazónicas. La captura criminal de territorios y recursos ha generado un aumento en homicidios y violencia selectiva, afectando la gobernanza y debilitando la capacidad del sistema judicial para imponer sanciones efectivas, debido a una alta impunidad económica y limitaciones en mecanismos como el comiso de bienes. Además, se destacan vacíos en la investigación y procesamiento en provincias fronterizas y la concentración geográfica de la criminalidad en centros urbanos y puertos estratégicos como Guayaquil.
Se incorporaron datos obtenidos de la prensa nacional e internacional, incluyendo noticias, reportajes e investigaciones periodísticas realizadas entre 2023 y 2025, para enriquecer y validar los hallazgos. Asimismo, se realizó un análisis minucioso de la normativa vigente emitida por los gobiernos ecuatorianos durante el periodo 2017–2025, junto con la revisión de documentos oficiales y bases de datos facilitados por las principales instituciones públicas responsables de la regulación minera, la seguridad nacional y el control ambiental en Ecuador. Esta triangulación metodológica garantiza una visión integral, actualizada y precisa sobre la problemática de la minería ilegal y sus repercusiones en la seguridad y gobernabilidad del país, fortaleciendo la base científica y práctica del análisis presentado en el informe
