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Ecuador cerró el 2025 con una tasa de homicidios de 50,1 por cada 100.000 habitantes, la más alta en su historia reciente. La violencia se ha incrementado a la par de la consolidación criminal en el país. De acuerdo con la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado (GITOC), Ecuador se ubica en la cuarta posición en todo el mundo en el índice global de crimen organizado, con una calificación de 7,48 sobre 10 debido a su alto nivel de criminalidad y baja resiliencia institucional.   La última entrega del Informe de Caracterización del Crimen Organizado evidenció que el ascenso criminal es el resultado de la consolidación de al menos siete mercados criminales operantes en el país, con sus nodos logísticos y operativos distribuidos estratégicamente en el territorio nacional. De ahí que los elevados niveles de violencia a nivel subnacional no sean una casualidad, sino un indicador más de la configuración de estos mercados.  Tráfico de armas  El tráfico de armas guarda una estrecha relación con la violencia letal. La compra, venta, movimiento y contrabando de armas y municiones constituye un mercado criminal en sí mismo con alta incidencia en el control de otros mercados y la resolución de disputas entre grupos criminales. Pese a que se registra un incremento sostenido en la incautación, aprehensión y decomiso de armas desde 2020, los homicidios intencionales cometidos con armas de fuego para 2025 constituyen el 88% del total anual (8.108 homicidios), 3 puntos porcentuales más que en 2024 donde se registraron 7.119 casos.   El flujo del acero, como se evidencia en el Informe de Caracterización 2025, proviene desde fuentes lícitas con el desvío de importaciones que corresponden al comercio intencional, así como de fuentes ilícitas por rutas marítimas, fluviales y terrestres por puntos de entradas ilegales hacia centros de almacenamiento clandestinos. Ambas dinámicas alimentan a la criminalidad, respecto a lo cual se observa un creciente uso de armas de calibre militar y la masificación del empleo de armas cortas cuya tecnología permite su uso sin necesidad de capacitación o conocimientos técnicos específicos. Esto facilita su utilización por parte de niños, niñas y adolescentes (NNA), que son reclutados y cada vez más por grupos criminales. Esto, a su vez, pone el foco sobre el reclutamiento como una modalidad de la trata de personas, teniendo en cuenta que más del 50% de NNA en 9 de las principales ciudades costeras del país conoce sobre la presencia de grupos criminales en sus barrios.   Narcotráfico  El análisis de la cadena de valor del narcotráfico da cuenta de la división territorial estratégica a la que obedece este mercado ilícito. El informe evidencia una organización criminal arraigada al control territorial que va desde el cultivo en el norte del país, la producción y almacenamiento en sitios estratégicos en la costa ecuatoriana, la logística y distribución para tráfico internacional en los puertos y el control territorial a través del microtráfico en todo el país6. De tal forma que la pugna por el control de estas zonas se convierte en un punto de origen de la violencia.   Del análisis estadístico de homicidios se pudo determinar que 9 de cada 10 casos guardan relación con la violencia criminal. Además, en el 24% de los casos se observó una relación con el tráfico internacional de drogas o microtráfico; de este grupo, se evidencia una concentración del 88% de casos en la costa ecuatoriana, particularmente en las provincias de El Oro, Guayas y Manabí, cuyo territorio alberga los principales puertos marítimos y pesqueros del país, sitios estratégicos para el transporte de drogas hacia mercados internacionales.   Guayas concentra el mayor porcentaje de homicidios a nivel nacional (44,5%), seguida de Los Ríos, Manabí y El Oro. Estas provincias, a su vez, registran las tasas de homicidios por cada 100.000 habitantes más elevadas del país, donde Los Ríos encabeza la lista con una tasa de 130,4, seguida de El Oro con una tasa de 105, Guayas con 85,7 y Manabí con 74,11.   Minería ilegal  Pese a que las provincias costaneras albergan los niveles más altos de violencia, en los últimos 2 años han sido las provincias amazónicas las que han registrado los niveles de crecimiento en violencia más altos a nivel nacional. El potencial en recursos naturales en esta región ha abierto la puerta a la consolidación de mercados criminales lucrativos asociados a la extracción de recursos, particularmente la minería ilegal de oro.   El informe de caracterización señala la existencia de enclaves logísticos de extracción, refinamiento, logística y distribución de este mineral repartidos en las provincias de Orellana, Napo, Zamora, Azuay y El Oro7. La provincia de Orellana, por ejemplo, ocupa el quinto lugar entre las provincias más violentas del país con una tasa de homicidios de 64,8 por cada 100.000 habitantes. Con altos registros de violencia aparecen también Sucumbíos con una tasa de 53,4, Cañar con una tasa de 40,4 y Zamora con 20,2, todas sobre la media regional.   Estas cifras dan cuenta de su posible relevancia para la operación de este mercado ilícito, que, de acuerdo con la evidencia, es ahora el segundo de mayor importancia en el escenario criminal debido a su rentabilidad, baja trazabilidad y alto potencial de blanqueo de capitales. De este modo, llaman la atención las altas cifras de violencia al desagregar a nivel cantonal, con concentraciones en la Amazonía en cantones como Paquisha en Zamora Chinchipe, que para 2025 alcanzó una tasa de homicidios de 113,9; Shushufindi, en Sucumbíos, con una tasa de 104,27; y Francisco de Orellana, con una tasa de 96,42 por cada 100.000 habitantes.   Nodos estratégicos  La desagregación de las cadenas de valor da cuenta de la relevancia estratégica de cada territorio en los encadenamientos criminales. De este modo, los elevados registros de violencia en cantones como Puebloviejo (tasa de 360 homicidios por cada 100.000 habitantes), Las Naves (285,8), Quinsaloma (266,4), Urdaneta (228) y Buena Fe (228,4), no resultan aislados, sino que permiten observar la magnitud del fenómeno y la funcionalidad de cada uno. Estas cifras evidencian la relevancia de las provincias de Los Ríos y Bolívar

El Informe de Caracterización del Crimen Organizado en Ecuador 2025, elaborado por la PADF y el OECO, analiza la evolución de los mercados ilícitos mediante un enfoque de "cadenas de valor" que evidencia su reciente profesionalización operativa. El estudio identifica al narcotráfico como la principal expresión criminal del país, seguido por el vertiginoso ascenso de la minería ilegal, la cual se ha consolidado como el segundo mercado más lucrativo con ganancias estimadas en 1.300 millones de dólares. Además, el informe destaca la institucionalización de la extorsión como mecanismo de control territorial y la diversificación del lavado de activos hacia plataformas tecnológicas y criptomonedas. Finalmente, advierte que el estancamiento económico y la precariedad laboral facilitan el reclutamiento de menores por grupos delictivos, recomendando políticas públicas integrales que fortalezcan la justicia y la seguridad transfronteriza. Descarga aquí el informe completo Nota de actualización (19 de marzo de 2026): Se ha corregido una omisión involuntaria de autoría en la página 38 del informe. Agradecemos a los lectores y autores por sus observaciones, las cuales contribuyen a la precisión académica de este documento.

El mercado de drogas sintéticas en Ecuador atraviesa una transformación silenciosa pero crítica. Este estudio analiza la cadena de valor del MDMA, revelando cómo el país está dejando de ser un mero punto de tránsito para convertirse en un escenario de procesamiento y distribución sofisticada, impulsado por innovaciones logísticas y riesgos botánicos latentes. El informe destaca hallazgos que redefinen la comprensión de este mercado ilícito: Riesgo de síntesis local: Se identifica una transición hacia la producción nacional. El país presenta un "riesgo botánico" significativo debido a la planta endémica "Congona", rica en Safrol (precursor clave), lo que abre la puerta a la síntesis completa de la droga en territorio ecuatoriano y reduce la dependencia de insumos importados. Logística "On-Demand" y ocultamiento: La distribución se ha modernizado bajo la lógica de la "economía gig". El microtráfico emplea plataformas digitales de delivery para minimizar riesgos y utiliza el "enmascaramiento farmacéutico" para camuflar pastillas en envases de medicinas lícitas, evadiendo controles fronterizos. Gobernanza informal del consumo: En zonas turísticas y de ocio, el consumo se normaliza bajo un "pacto social de indiferencia". Los usuarios practican ritos de autocuidado planificado, lo que desafía los enfoques tradicionales de control y exige políticas públicas centradas en la reducción de daños y la salud pública. Descarga aquí el informe completo

La creciente vinculación de niños, niñas y adolescentes (NNA) a grupos de delincuencia organizada (GDO) representa una profunda transformación en la dinámica criminal del Ecuador.. Este estudio profundiza en los factores que impulsan la captación y pertenencias, ofreciendo un diagnóstico basado en análisis descriptivos e inferenciales de encuestas realizadas a NNA en las provincias más afectadas. El informe revela que las estrategias de vinculación no son homogéneas, sino que varían críticamente según el grupo etario: Coerción en Edades Tempranas: Los GDO emplean métodos coercitivos como la amenaza u obligación con mayor intensidad en la adolescencia temprana (12 a 14 años). Esta estrategia se ve reforzada por el contacto a través de redes sociales. Aspiración en la Adolescencia Media: En contraste, la pertenencia en la adolescencia media (15 a 17 años) se asocia fuertemente con factores aspiracionales. La aspiración a liderar un GDO incrementa significativamente la probabilidad de vinculación. Predictores del Entorno: La percepción de inseguridad en el hogar incrementa la probabilidad de vinculación en un 47,1% , y la existencia de familiares en un GDO representa un riesgo 19,55% mayor. Agudización de la Violencia: La alta elevación se evidencia en que el 34,4% de los NNA vinculados reportó haber portado un arma de fuego. Los homicidios intencionales contra NNA han alcanzado niveles alarmantes, casi igualando en el primer semestre de 2025 el total registrado en todo el año 2023. Descarga aquí el informe completo

Este informe, publicado en junio de 2025, analiza en profundidad la problemática de la minería ilegal de oro en Ecuador y sus implicaciones para la gobernanza, la seguridad y el medio ambiente. Basado en un riguroso trabajo de investigación que comprende más de 30 entrevistas con actores clave y el análisis de numerosos documentos académicos e institucionales, el estudio examina las dinámicas criminales que han permeado el sector aurífero nacional. Se documenta cómo grupos del crimen organizado han consolidado su control sobre las minas, las plantas de procesamiento y las cadenas de exportación, en un contexto de debilidades institucionales y elevados niveles de corrupción. Además, se abordan los impactos ambientales significativos y la cultura de impunidad que prevalece en torno a esta actividad ilícita. Este documento resulta fundamental para académicos, autoridades, analistas y organizaciones que buscan comprender los retos estructurales de la minería en Ecuador, así como para diseñar políticas públicas efectivas que promuevan una minería legal, responsable y sostenible. Descarga aquí el informe completo

¿Cómo responde el sistema de justicia penal de Ecuador al tráfico ilícito de drogas? Entre 2020 y 2022, Ecuador enfrentó un significativo aumento en el tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización, convirtiéndose en un punto estratégico para la distribución de cocaína a nivel global. Este análisis, realizado por el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO), revisa 379 causas judiciales que involucran a 534 implicados en estos delitos para entender qué tan eficaz es el sistema judicial en desmantelar estas redes criminales. El estudio revela una realidad compleja: el sistema penal tiende a capturar principalmente a actores de bajo perfil, vinculados al microtráfico o en posesión de sustancias, mientras que los niveles jerárquicos superiores de las organizaciones suelen quedar fuera del alcance judicial. Además, existe una marcada dificultad para individualizar responsabilidades cuando hay múltiples detenidos, lo que fragmenta las causas y afecta la prosecución efectiva. También se observan patrones familiares en ciertos casos, así como limitaciones en la información demográfica de los implicados, lo que dificulta un perfil completo de quienes participan en estos delitos. Finalmente, el análisis destaca la necesidad urgente de fortalecer la capacidad investigativa y judicial para enfrentar el desafío del narcotráfico a gran escala en Ecuador. Este estudio no solo informa sobre las debilidades actuales, sino que invita a un debate profundo para construir políticas públicas más efectivas y un sistema judicial que realmente impacte en el corazón de las redes criminales. Descarga aquí el informe completo

Ecuador enfrenta una crisis creciente en materia de delincuencia organizada, marcada por la fragmentación de grupos criminales tras el asesinato del líder de los Choneros, lo que ha intensificado la violencia carcelaria y el homicidio selectivo en el país. Organizaciones vinculadas al narcotráfico, extorsión y tráfico ilegal operan bajo modelos jerárquicos con control territorial, especialmente en provincias como Guayas, Manabí y Pichincha. La limitada capacidad del sistema de justicia para imponer sanciones efectivas, evidenciada en un alto porcentaje de sentencias abreviadas, penas mínimas y baja aplicación de mecanismos como el concurso de delitos y el comiso de bienes, ha contribuido a una percepción de impunidad. Esta situación se agrava ante la ausencia de casos en provincias fronterizas claves y la expansión de delitos ambientales en regiones amazónicas. El impacto en la gobernanza y seguridad nacional demuestra la necesidad de respuestas integrales y coordinadas que incluyan a instituciones judiciales, fuerzas del orden y actores sociales para enfrentar con eficacia el fenómeno del crimen organizado en Ecuador. Este informe examina las dinámicas de la delincuencia organizada en Ecuador, enfocándose en fenómenos como la fragmentación criminal y su impacto en la violencia y la respuesta judicial entre 2020 y 2022. Se evidencia cómo grupos criminales, algunos con estructuras jerárquicas y control territorial, operan en actividades ilícitas como el narcotráfico, extorsión y delitos ambientales, incluyendo minería ilegal en regiones amazónicas. La captura criminal de territorios y recursos ha generado un aumento en homicidios y violencia selectiva, afectando la gobernanza y debilitando la capacidad del sistema judicial para imponer sanciones efectivas, debido a una alta impunidad económica y limitaciones en mecanismos como el comiso de bienes. Además, se destacan vacíos en la investigación y procesamiento en provincias fronterizas y la concentración geográfica de la criminalidad en centros urbanos y puertos estratégicos como Guayaquil. Se incorporaron datos obtenidos de la prensa nacional e internacional, incluyendo noticias, reportajes e investigaciones periodísticas realizadas entre 2023 y 2025, para enriquecer y validar los hallazgos. Asimismo, se realizó un análisis minucioso de la normativa vigente emitida por los gobiernos ecuatorianos durante el periodo 2017–2025, junto con la revisión de documentos oficiales y bases de datos facilitados por las principales instituciones públicas responsables de la regulación minera, la seguridad nacional y el control ambiental en Ecuador. Esta triangulación metodológica garantiza una visión integral, actualizada y precisa sobre la problemática de la minería ilegal y sus repercusiones en la seguridad y gobernabilidad del país, fortaleciendo la base científica y práctica del análisis presentado en el informe Descarga aquí el informe completo

Las conclusiones y análisis presentados en este documento fueron elaborados por el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado de la Fundación Panamericana para el Desarrollo, basándose en su experiencia, investigación y trabajo de campo en el contexto de la influencia de los grupos criminales de los Balcanes en Ecuador. Ecuador enfrenta un desafío crucial ante el fortalecimiento y expansión de los grupos criminales balcánicos en su territorio. Esta situación incrementa la complejidad del combate al narcotráfico y la violencia asociada, en un contexto donde la percepción de inseguridad se profundiza debido a la limitada capacidad institucional para responder. La cooperación transnacional y el control efectivo del crimen organizado se han convertido en una demanda prioritaria de la ciudadanía y una prueba para las autoridades nacionales en los próximos años El combate al crimen organizado y el narcotráfico dejó de ser un asunto militar y policial. Es un tema que requiere decisiones desde lo político, que van desde la capacidad para liderar nuevas propuestas, incluyendo el rol de instituciones anteriormente imperceptibles en el combate contra el crimen organizado, como: Procuraduría, Contraloría, Ministerio de Ambiente, Servicio de Rentas Internas, Ministerio de Energía, Unidad de Análisis Financiero y Económico, Superintendencias, entre otros; así como, priorizar aquellas actividades urgentes para reducir el nivel de criminalidad en el Ecuador sin perder de vista el potencial que brinda conocer a profundidad la estructura del Estado. A continuación, se decribe como los grupos criminales balcánicos operan en Ecuador desde hace una década, usando empresas fachada y alianzas corruptas para traficar cocaína y lavar activos. Su violencia y corrupción aumentan homicidios y afectan el estado. Se requieren medidas integrales de inteligencia, control financiero, anticorrupción y cooperación internacional para desarticularlos Descarga aquí el informe completo

Históricamente, la participación de jóvenes entre 15 y 24 años en actividades delictivas en Ecuador estuvo vinculada a la pertenencia a pandillas, las cuales ofrecían un sentido de hermandad y pertenencia como respuesta a contextos marcados por la exclusión social, la violencia estructural y la debilidad institucional. No obstante, a partir de 2019, en el marco de una profunda y sostenida crisis penitenciaria, emergieron nuevas bandas criminales que han incrementado progresivamente su poder mediante el control territorial, la violencia, la extorsión, el tráfico de drogas y el secuestro, especialmente en diversas ciudades de la región costera del país. Una de las estrategias adoptadas por estas organizaciones ha sido la incorporación de NNA, incluso desde los 10 años, a través de procesos de adoctrinamiento y manipulación, así como con el objetivo de generar distracción y disminuir la exposición de los mandos medios. No obstante, esta vinculación no siempre se da por medios coercitivos. En muchos casos, los menores ingresan a estos grupos impulsados por un sentimiento de pertenencia, lealtad y protección en contextos de precariedad económica, exclusión educativa y falta de oportunidades. Los resultados muestran una preocupante normalización de la presencia de grupos criminales en barrios y escuelas, donde operan mediante coerción, seducción o vínculos familiares y comunitarios. Sin embargo, también se identificaron factores protectores, como el papel de las madres y el interés de muchos adolescentes por la educación y la legalidad. Frente a esta realidad, se concluye que la prevención debe abordarse de forma integral, articulando acciones entre escuelas, familias, comunidades, autoridades locales y el propio Estado. El fenómeno excede el ámbito penal y demanda respuestas sociales sostenidas y coordinadas La unidad de análisis son los NNA entre 12 y 17 años de las ciudades mencionadas. El estudio explora las motivaciones individuales, sociales y culturales que inciden en su vinculación con organizaciones criminales, superando explicaciones tradicionales al centrarse en los roles, intereses y racionalidades de los actores involucrados para una comprensión integral del fenómeno. La contextualización del problema se realiza mediante análisis documental (fuentes secundarias), incluyendo investigaciones previas, documentos y estadísticas oficiales, reportajes periodísticos y normativas vigentes. Esto permite construir herramientas analíticas para comprender las condiciones sociales, económicas, criminales e institucionales que enmarcan la vinculación de NNA a organizaciones delictivas. Además, se recurrió a entrevistas semiestructuradas con personas expertas o conocedoras del fenómeno a nivel territorial, con el objetivo de enriquecer la aproximación a la problemática. Descarga aquí el informe completoDiccionario de variablesBase de datos