Guía interpretativa del alcance del delito de lavado de activos en Ecuador

Esta guía constituye una herramienta jurídica y doctrinal diseñada para orientar a los operadores de justicia en la correcta aplicación del tipo penal descrito en el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Su propósito es unificar criterios interpretativos para evitar la impunidad, aclarando que el lavado de activos es un fenómeno complejo que trasciende el mero encubrimiento y que atenta directamente contra el orden socioeconómico del país.

En términos generales, el documento define el lavado de activos como el proceso mediante el cual se busca dar apariencia de legalidad a bienes o dineros provenientes de actividades ilícitas (como narcotráfico, corrupción o trata de personas), con el fin de integrarlos al sistema económico formal. Con esto, se busca que las instituciones comprendan el ciclo delictivo completo, que abarca desde la colocación inicial de los fondos, pasando por la estratificación (movimientos para borrar el rastro), hasta la integración final de los activos en la economía lícita.

A lo largo del documento, se aborda uno de los aspectos más críticos para la persecución penal: la autonomía del delito. La guía enfatiza que para procesar y condenar por lavado de activos no se requiere una sentencia condenatoria previa por el delito precedente (el origen ilícito), sino que basta con establecer la procedencia criminal de los activos a través de los elementos de convicción. Se analizan detalladamente los elementos constitutivos del tipo penal, desglosando los verbos rectores (tener, adquirir, transferir, disimular, etc.) y el elemento subjetivo (el dolo y el conocimiento del origen ilícito).

Posteriormente, se sugiere un estándar probatorio adaptado a la naturaleza clandestina de este delito, validando el uso de la prueba indiciaria para demostrar el origen ilícito cuando no existe prueba directa. El manual plantea la importancia de la carga dinámica de la prueba, argumentando que, si bien la Fiscalía debe probar el ilícito, corresponde al procesado justificar el origen lícito de su incremento patrimonial o de los bienes que posee, ya que es quien está en mejor posición para hacerlo.

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