Nombre del autor:Admi Nistrador

Ecuador enfrenta una crisis creciente en materia de delincuencia organizada, marcada por la fragmentación de grupos criminales tras el asesinato del líder de los Choneros, lo que ha intensificado la violencia carcelaria y el homicidio selectivo en el país. Organizaciones vinculadas al narcotráfico, extorsión y tráfico ilegal operan bajo modelos jerárquicos con control territorial, especialmente en provincias como Guayas, Manabí y Pichincha. La limitada capacidad del sistema de justicia para imponer sanciones efectivas, evidenciada en un alto porcentaje de sentencias abreviadas, penas mínimas y baja aplicación de mecanismos como el concurso de delitos y el comiso de bienes, ha contribuido a una percepción de impunidad. Esta situación se agrava ante la ausencia de casos en provincias fronterizas claves y la expansión de delitos ambientales en regiones amazónicas. El impacto en la gobernanza y seguridad nacional demuestra la necesidad de respuestas integrales y coordinadas que incluyan a instituciones judiciales, fuerzas del orden y actores sociales para enfrentar con eficacia el fenómeno del crimen organizado en Ecuador. Este informe examina las dinámicas de la delincuencia organizada en Ecuador, enfocándose en fenómenos como la fragmentación criminal y su impacto en la violencia y la respuesta judicial entre 2020 y 2022. Se evidencia cómo grupos criminales, algunos con estructuras jerárquicas y control territorial, operan en actividades ilícitas como el narcotráfico, extorsión y delitos ambientales, incluyendo minería ilegal en regiones amazónicas. La captura criminal de territorios y recursos ha generado un aumento en homicidios y violencia selectiva, afectando la gobernanza y debilitando la capacidad del sistema judicial para imponer sanciones efectivas, debido a una alta impunidad económica y limitaciones en mecanismos como el comiso de bienes. Además, se destacan vacíos en la investigación y procesamiento en provincias fronterizas y la concentración geográfica de la criminalidad en centros urbanos y puertos estratégicos como Guayaquil. Se incorporaron datos obtenidos de la prensa nacional e internacional, incluyendo noticias, reportajes e investigaciones periodísticas realizadas entre 2023 y 2025, para enriquecer y validar los hallazgos. Asimismo, se realizó un análisis minucioso de la normativa vigente emitida por los gobiernos ecuatorianos durante el periodo 2017–2025, junto con la revisión de documentos oficiales y bases de datos facilitados por las principales instituciones públicas responsables de la regulación minera, la seguridad nacional y el control ambiental en Ecuador. Esta triangulación metodológica garantiza una visión integral, actualizada y precisa sobre la problemática de la minería ilegal y sus repercusiones en la seguridad y gobernabilidad del país, fortaleciendo la base científica y práctica del análisis presentado en el informe Descarga aquí el informe completo

Las conclusiones y análisis presentados en este documento fueron elaborados por el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado de la Fundación Panamericana para el Desarrollo, basándose en su experiencia, investigación y trabajo de campo en el contexto de la influencia de los grupos criminales de los Balcanes en Ecuador. Ecuador enfrenta un desafío crucial ante el fortalecimiento y expansión de los grupos criminales balcánicos en su territorio. Esta situación incrementa la complejidad del combate al narcotráfico y la violencia asociada, en un contexto donde la percepción de inseguridad se profundiza debido a la limitada capacidad institucional para responder. La cooperación transnacional y el control efectivo del crimen organizado se han convertido en una demanda prioritaria de la ciudadanía y una prueba para las autoridades nacionales en los próximos años El combate al crimen organizado y el narcotráfico dejó de ser un asunto militar y policial. Es un tema que requiere decisiones desde lo político, que van desde la capacidad para liderar nuevas propuestas, incluyendo el rol de instituciones anteriormente imperceptibles en el combate contra el crimen organizado, como: Procuraduría, Contraloría, Ministerio de Ambiente, Servicio de Rentas Internas, Ministerio de Energía, Unidad de Análisis Financiero y Económico, Superintendencias, entre otros; así como, priorizar aquellas actividades urgentes para reducir el nivel de criminalidad en el Ecuador sin perder de vista el potencial que brinda conocer a profundidad la estructura del Estado. A continuación, se decribe como los grupos criminales balcánicos operan en Ecuador desde hace una década, usando empresas fachada y alianzas corruptas para traficar cocaína y lavar activos. Su violencia y corrupción aumentan homicidios y afectan el estado. Se requieren medidas integrales de inteligencia, control financiero, anticorrupción y cooperación internacional para desarticularlos Descarga aquí el informe completo

Históricamente, la participación de jóvenes entre 15 y 24 años en actividades delictivas en Ecuador estuvo vinculada a la pertenencia a pandillas, las cuales ofrecían un sentido de hermandad y pertenencia como respuesta a contextos marcados por la exclusión social, la violencia estructural y la debilidad institucional. No obstante, a partir de 2019, en el marco de una profunda y sostenida crisis penitenciaria, emergieron nuevas bandas criminales que han incrementado progresivamente su poder mediante el control territorial, la violencia, la extorsión, el tráfico de drogas y el secuestro, especialmente en diversas ciudades de la región costera del país. Una de las estrategias adoptadas por estas organizaciones ha sido la incorporación de NNA, incluso desde los 10 años, a través de procesos de adoctrinamiento y manipulación, así como con el objetivo de generar distracción y disminuir la exposición de los mandos medios. No obstante, esta vinculación no siempre se da por medios coercitivos. En muchos casos, los menores ingresan a estos grupos impulsados por un sentimiento de pertenencia, lealtad y protección en contextos de precariedad económica, exclusión educativa y falta de oportunidades. Los resultados muestran una preocupante normalización de la presencia de grupos criminales en barrios y escuelas, donde operan mediante coerción, seducción o vínculos familiares y comunitarios. Sin embargo, también se identificaron factores protectores, como el papel de las madres y el interés de muchos adolescentes por la educación y la legalidad. Frente a esta realidad, se concluye que la prevención debe abordarse de forma integral, articulando acciones entre escuelas, familias, comunidades, autoridades locales y el propio Estado. El fenómeno excede el ámbito penal y demanda respuestas sociales sostenidas y coordinadas La unidad de análisis son los NNA entre 12 y 17 años de las ciudades mencionadas. El estudio explora las motivaciones individuales, sociales y culturales que inciden en su vinculación con organizaciones criminales, superando explicaciones tradicionales al centrarse en los roles, intereses y racionalidades de los actores involucrados para una comprensión integral del fenómeno. La contextualización del problema se realiza mediante análisis documental (fuentes secundarias), incluyendo investigaciones previas, documentos y estadísticas oficiales, reportajes periodísticos y normativas vigentes. Esto permite construir herramientas analíticas para comprender las condiciones sociales, económicas, criminales e institucionales que enmarcan la vinculación de NNA a organizaciones delictivas. Además, se recurrió a entrevistas semiestructuradas con personas expertas o conocedoras del fenómeno a nivel territorial, con el objetivo de enriquecer la aproximación a la problemática. Descarga aquí el informe completoDiccionario de variablesBase de datos