Crimen organizado

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Factsheet: Listas restrictivas y sanciones OFAC: ¿qué son y por qué importan?

Las listas restrictivas y las sanciones de la OFAC son herramientas con las que el gobierno de los EE.UU. identifica a personas o empresas  vinculadas con delitos como el lavado de activos, el narcotráfico o el terrorismo. Este factsheet explica qué son, quién las emite, qué estructuras de crimen organizado ecuatorianas han sido incluidas en la lista, cómo afectan a las empresas y entidades financieras públicas y privadas en Ecuador y por qué la debida diligencia es clave para empresas, instituciones públicas y organizaciones con financiamiento internacional. Descarga aquí el factsheet completo
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Análisis de la respuesta del sistema de justicia penal en el Ecuador en casos de lavado de activos 2023-2025

Este estudio examina 48 procesos judiciales correspondientes al periodo 2023–2025, en los cuales fueron procesadas 249 personas naturales y jurídicas. La investigación se estructura en dos ejes complementarios. El primero evalúa el desempeño judicial a partir de variables como los tiempos de tramitación, los tipos de proceso utilizados y las resoluciones adoptadas. Esto permite identificar patrones de eficiencia, posibles cuellos de botella y la forma en que el sistema de justicia responde ante casos de criminalidad organizada. El segundo eje analiza e identifica qué bienes y mecanismos aparecen en los casos, como empresas fachada e inmuebles, y qué patrimonio alcanzó el comiso. Descarga aquí el Boletín completo
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Homicidios intencionales en Ecuador: boletín del primer semestre 2026

Este informe analiza los homicidios intencionales ocurridos en Ecuador entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026, con un desglose por provincia y cantón y por características demográficas de las víctimas. Los datos provienen del Ministerio del Interior y se compararon con los registros de años anteriores. Las tasas por cada 100.000 habitantes se calcularon con las proyecciones poblacionales basadas en el Censo 2022 del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Principales hallazgos Ecuador registra 4.145 muertes violentas en el primer semestre de 2026 Los homicidios en Ecuador bajaron cerca de un 10,7% frente al primer semestre de 2025. Aun así, es el segundo semestre más violento de la historia del país, con un promedio de 23 homicidios diarios. Si se mantiene este ritmo, la tasa de cierre de 2026 estaría entre 45 y 50 muertes intencionales por cada 100.000 habitantes. Las provincias más violentas de Ecuador: Guayas y El Oro Guayas concentra el mayor número de crímenes (42,39% del total) y tiene una tasa de 36,42 homicidios por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, El Oro registra la tasa provincial más alta del país: 68,74 por cada 100.000 habitantes, tras un aumento interanual del 62%, y concentra el 12,54% de las muertes violentas del semestre. Sucumbíos, con la cuarta tasa más alta (34,95), sugiere un posible vínculo con la minería ilegal y el control territorial. Cantones más violentos de Ecuador: Huaquillas y Machala Guayaquil concentra la mayor cantidad de homicidios en cifras absolutas (26,43%). Al medir por tasa, los cantones de El Oro son los principales epicentros de violencia: Huaquillas encabeza el ranking nacional con 125,97 por cada 100.000 habitantes y Machala lidera entre las ciudades de más de 100.000 habitantes (68,17). En contraste, focos históricos como Durán (Guayas) muestran reducciones notables. Armas de fuego: el 88,37% de los homicidios en Ecuador en 2026 Las armas de fuego causaron 3.671 muertes violentas (88,37%) en el primer semestre de 2026, confirmando una tendencia sostenida desde 2022. Este predominio es un indicio de la expansión del comercio ilícito de armas en el país. Jóvenes de 20 a 24 años, las principales víctimas de homicidios en Ecuador El grupo de 20 a 24 años es el más afectado del país, con el 19,04% de las víctimas del primer semestre de 2026. Los adolescentes de 15 a 19 años suman otro 11,80% y ocupan el cuarto rango de edad más impactado, lo que muestra una concentración de la violencia en la población joven. Dónde ocurren los homicidios en Ecuador: el espacio público domina El espacio público es el escenario predominante de la violencia letal en el primer semestre de 2026. El 75% de los sicariatos, el 72% de los asesinatos y el 64% de los homicidios simples ocurrieron en vía pública u otros espacios abiertos. En cambio, el 73% de los femicidios se cometió en el espacio privado. Descarga aquí el Boletín completo
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Relación entre los esquemas de financiamiento ilícito y el crimen organizado en el Ecuador: Una aproximación a sus dinámicas, tipologías y modalidades

La usura en Ecuador —conocida como chulco o gota a gota— ya no puede leerse únicamente como un delito contra la propiedad aislado, ligado a la informalidad económica. El estudio analiza cómo la exclusión financiera en Ecuador se ha convertido en una condición habilitante para estructuras delictivas complejas. El informe evidencia que el chulco es hoy un eslabón funcional dentro de las cadenas de valor del crimen organizado, junto con la captación ilegal de dinero y la extorsión. Su rol es doble: reinvertir y generar rendimiento sobre capitales de origen ilícito y, a la vez, legalizarlos e insertarlos en la economía formal. Descarga aquí el estudio completo
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Guía de técnicas especiales de investigación

Esta guía constituye una herramienta doctrinaria y operativa diseñada para dotar a los fiscales y agentes investigadores de los conocimientos necesarios para la aplicación de mecanismos avanzados de indagación en la lucha contra la delincuencia organizada. Su propósito es facilitar el uso de procedimientos que van más allá de la investigación tradicional, permitiendo penetrar en estructuras criminales complejas que, por su hermetismo y sofisticación, son inmunes a los métodos convencionales. En términos generales, el documento se centra en las Técnicas Especiales de Investigación (TEI), entendidas como herramientas legales y tácticas que permiten obtener información e inteligencia sobre el funcionamiento, jerarquía y financiamiento de grupos delictivos, sin alertar a sus miembros. Con esto, se busca que las instituciones superen la "investigación reactiva" (basada en la flagrancia o el delito ya consumado) y adopten una investigación proactiva, capaz de anticiparse y desarticular la totalidad de la organización, no solo detener a sus ejecutores materiales. A lo largo del documento, se abordan las figuras jurídicas reguladas en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), detallando sus requisitos, alcances y límites constitucionales. Se analizan profundamente técnicas como las Operaciones Encubiertas (infiltración de agentes), las Entregas Vigiladas o Controladas (permitir el tránsito de remesas ilícitas para identificar a los líderes y rutas), la Interceptación de Comunicaciones y la Cooperación Eficaz (beneficios a procesados a cambio de información veraz). La guía enfatiza el equilibrio necesario entre la eficacia investigativa y el respeto a los derechos fundamentales para evitar la nulidad procesal. Posteriormente, se sugiere un protocolo de actuación que detalla las fases de planificación, autorización judicial, ejecución y control. El manual plantea la importancia de proteger la identidad de los agentes encubiertos y colaboradores, así como la cadena de custodia de la evidencia obtenida bajo estas modalidades. Finalmente, instruye sobre cómo transformar la información de inteligencia obtenida mediante estas técnicas en prueba penal válida, apta para sustentar una acusación sólida en la etapa de juicio. Descarga aquí el informe completo
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Guía interpretativa del alcance del delito de lavado de activos en Ecuador

Esta guía constituye una herramienta jurídica y doctrinal diseñada para orientar a los operadores de justicia en la correcta aplicación del tipo penal descrito en el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Su propósito es unificar criterios interpretativos para evitar la impunidad, aclarando que el lavado de activos es un fenómeno complejo que trasciende el mero encubrimiento y que atenta directamente contra el orden socioeconómico del país. En términos generales, el documento define el lavado de activos como el proceso mediante el cual se busca dar apariencia de legalidad a bienes o dineros provenientes de actividades ilícitas (como narcotráfico, corrupción o trata de personas), con el fin de integrarlos al sistema económico formal. Con esto, se busca que las instituciones comprendan el ciclo delictivo completo, que abarca desde la colocación inicial de los fondos, pasando por la estratificación (movimientos para borrar el rastro), hasta la integración final de los activos en la economía lícita. A lo largo del documento, se aborda uno de los aspectos más críticos para la persecución penal: la autonomía del delito. La guía enfatiza que para procesar y condenar por lavado de activos no se requiere una sentencia condenatoria previa por el delito precedente (el origen ilícito), sino que basta con establecer la procedencia criminal de los activos a través de los elementos de convicción. Se analizan detalladamente los elementos constitutivos del tipo penal, desglosando los verbos rectores (tener, adquirir, transferir, disimular, etc.) y el elemento subjetivo (el dolo y el conocimiento del origen ilícito). Posteriormente, se sugiere un estándar probatorio adaptado a la naturaleza clandestina de este delito, validando el uso de la prueba indiciaria para demostrar el origen ilícito cuando no existe prueba directa. El manual plantea la importancia de la carga dinámica de la prueba, argumentando que, si bien la Fiscalía debe probar el ilícito, corresponde al procesado justificar el origen lícito de su incremento patrimonial o de los bienes que posee, ya que es quien está en mejor posición para hacerlo. Descarga aquí el informe completo
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Guía técnica sobre análisis forense y evidencia digital

Esta guía constituye una herramienta técnica y metodológica diseñada para estandarizar el trabajo de los operadores de justicia y peritos informáticos en el tratamiento de los indicios tecnológicos. Su propósito es establecer lineamientos claros para la identificación, recolección y análisis de datos informáticos, asegurando que estos se conviertan en prueba válida y admisible dentro del proceso penal. En términos generales, el documento se centra en la Informática Forense y la Evidencia Digital, definida esta última como cualquier información con valor probatorio que se encuentra almacenada o es transmitida en formato digital. Con esto, se busca que las instituciones comprendan la naturaleza única de esta evidencia —que es intangible, latente, volátil y frágil— y apliquen procedimientos científicos para garantizar que la información recuperada de dispositivos electrónicos sea auténtica e inalterada. A lo largo del documento, se abordan los principios fundamentales que rigen la prueba digital, tales como la autenticidad, integridad, confiabilidad y legalidad. Se hace especial énfasis en la Cadena de Custodia aplicada al entorno digital, explicando la necesidad de utilizar algoritmos matemáticos (como la función Hash) para asegurar que los datos extraídos no sufran modificación alguna desde su incautación hasta su presentación en juicio. Posteriormente, se sugiere un método especializado que detalla las fases del análisis forense: Identificación, Preservación, Adquisición/Recolección, Análisis y Presentación. El manual plantea protocolos específicos para las diligencias de allanamiento e incautación, instruyendo sobre cómo manejar dispositivos encendidos o apagados, el uso de jaulas de Faraday para evitar el borrado remoto y la clonación de discos, culminando con la estructura del informe pericial para que los hallazgos técnicos sean comprensibles para el juzgador. Descarga aquí el informe completo
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Alcance, análisis y validación de la prueba indiciaria

Esta guía constituye una herramienta técnica y doctrinal diseñada para dotar a los operadores de justicia de los fundamentos necesarios para el uso eficaz de la prueba indiciaria en el proceso penal ecuatoriano. Su propósito es validar este tipo de prueba como un mecanismo idóneo y constitucional para alcanzar la verdad procesal, superando la noción errónea de que se trata de una evidencia de categoría inferior frente a la prueba directa. En términos generales, el documento profundiza en la prueba indiciaria (o prueba circunstancial), entendida como un método lógico-racional que permite afirmar un hecho desconocido a partir de un hecho conocido y plenamente probado. Con esto, se busca que las instituciones combatan eficazmente la impunidad en delitos de criminalidad organizada y corrupción, los cuales, por su naturaleza clandestina y oculta, raramente dejan rastros directos o testigos presenciales. A lo largo del documento, se abordan los tres elementos estructurales que componen la prueba por indicios: el hecho indicador (o hecho base, que debe estar probado), la inferencia lógica (el razonamiento mental) y el hecho indicado (la conclusión o hecho consecuencia). Se analiza detalladamente cómo el nexo causal entre estos elementos debe sustentarse en las reglas de la sana crítica, es decir, en la lógica, la ciencia y las máximas de la experiencia, evitando caer en meras sospechas o especulaciones sin sustento fáctico. Posteriormente, se sugiere un método de valoración probatoria que enfatiza requisitos indispensables como la pluralidad, concordancia y convergencia de los indicios. El manual plantea que los indicios no deben analizarse de forma aislada, sino como un todo articulado que, al apuntar en una misma dirección, logra generar la certeza necesaria para desvirtuar la presunción de inocencia más allá de toda duda razonable. Descarga aquí el informe completo
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Cartilla técnica en recuperación de activos y comiso

Esta guía constituye una herramienta pedagógica y técnica diseñada para orientar a los operadores de justicia en la aplicación efectiva de las figuras jurídicas relacionadas con la privación de beneficios económicos derivados del delito. Su propósito es fortalecer la estrategia del Estado en la persecución patrimonial, complementando la sanción penal tradicional con mecanismos que impidan el disfrute de la riqueza ilícita. En términos generales, el documento se centra en la recuperación de activos a través de la figura del comiso penal (y sus variantes), entendido como la consecuencia jurídica mediante la cual se priva a una persona de la titularidad de bienes provenientes o utilizados en actividades delictivas. Con esto, se busca que las instituciones adopten una política criminal donde "el delito no pague", desarticulando el músculo financiero de las organizaciones criminales y garantizando tanto la reparación a las víctimas como el retorno de recursos a la sociedad. A lo largo del documento, se abordan los estándares internacionales y el marco normativo nacional que sustentan la afectación de bienes, analizando conceptos clave como el producto directo e indirecto del delito y los instrumentos utilizados para su comisión. Se examinan detalladamente las distintas modalidades de comiso —incluyendo el comiso directo, el comiso de valor equivalente (cuando no es posible recuperar el bien original) y el comiso a terceros—, diferenciándolos de otras figuras como la extinción de dominio. Posteriormente, se sugiere un itinerario procesal que subraya la importancia crítica de las medidas cautelares (como la incautación, retención y prohibición de enajenar) para asegurar los bienes desde el inicio de la investigación. Finalmente, se exponen los mecanismos de cooperación judicial internacional indispensables para el rastreo, inmovilización y repatriación de activos que han sido trasladados a jurisdicciones extranjeras, estableciendo así una ruta integral para la recuperación efectiva de activos. Descarga aquí el informe completo
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Análisis de contexto: Lineamientos metodológicos de apoyo para enfrentar fenómenos de Macrocriminalidad y Crimen Organizado

Esta guía constituye una herramienta metodológica práctica diseñada para fortalecer las capacidades de fiscales, analistas e investigadores en el abordaje de fenómenos delictivos complejos. Su propósito es facilitar la comprensión y aplicación del análisis de contexto como una técnica de investigación penal que permite superar la visión fragmentada del "caso a caso", orientando la estrategia hacia una perspectiva macroscópica de la criminalidad. En términos generales, el análisis de contexto se presenta como un método para estudiar el entorno (geográfico, político, económico, histórico y social) en el que se desarrollan las conductas punibles, con el fin de identificar patrones sistemáticos y el funcionamiento de estructuras delictivas. Con esto, se busca que las instituciones enfoquen sus esfuerzos en desarticular aparatos organizados de poder y fenómenos de macrocriminalidad, entendiendo al delito no como un hecho aislado, sino como el resultado de una organización criminal con capacidad de control y permanencia. A lo largo del documento, se abordan los fundamentos conceptuales que diferencian la delincuencia común del crimen organizado, definiendo elementos clave como la estructura jerárquica, el modus operandi y la división de funciones. Posteriormente, se sugiere un método especializado de investigación que plantea el ciclo de inteligencia —desde la planificación y recolección de información hasta el análisis y difusión— para construir hipótesis delictivas sólidas que permitan explicar las relaciones de causalidad y responsabilidad de los máximos responsables ante los tribunales. Descarga aquí el informe completo
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